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26 de Abril de 2018

Breve historia

La Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental, antes denominada Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, nace en 1995, con el auspicio de congregaciones religiosas franciscanas, con el ánimo de formar y comprometer a la vida religiosa y laical de espiritualidad franciscana en Colombia, en la defensa de los derechos humanos. Se constituyó como una entidad civil sin ánimo de lucro con personería jurídica.

Aunque la Comisión en principio dirigió sus programas a la vida religiosa y laical; su compromiso se proyectó rápidamente hacia la sociedad colombiana, principalmente a los pobladores empobrecidos y víctimas del conflicto social y armado; desarrollando acciones en la denuncia, promoción y defensa de los derechos humanos. Es así como durante sus primeros años, la Comisión contribuyó en el esclarecimiento de los Crímenes de Lesa Humanid­­­ad cometidos en Colombia a partir de 1966, como una contribución a los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación Integral, desde la perspectiva y el lugar de las víctimas de las comunidades y organizaciones sociales. Esta misión la realizó junto con otras organizaciones religiosas, sociales y de derechos humanos, en el marco del proyecto Colombia Nunca Más y de la campaña “Contra la Impunidad Colombia Clama Justicia”.

A partir de la década del 2000, la misión de la Corporación viró más claramente hacia la recomposición del tejido social, afectado por las dinámicas del conflicto social, político y armado en el país. Este viraje supuso la transformación institucional, que llevó al cambio de la razón social, de Comisión Interfranciscana a Corporación Arazá, asumiendo la misión de la promoción y el fortalecimiento de la organización comunitaria de sectores populares, y su proyección de trabajo en red a nivel nacional; es así como a partir del año 2005 se promueve y apoya la creación de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC), cuyo principal objetivo es la acción social y política colectiva de organizaciones comunitarias, en defensa de los derechos humanos y ambientales, en la perspectiva de contribuir al logro de la paz, con justicia social en Colombia.

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